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Mensaje al país:

El uso de los órganos del Estado e instituciones democráticas para perseguir políticamente a los adversarios políticos del gobierno y para incidir, ilegalmente, en los torneos electorales, es una práctica que ha afectado negativamente nuestra democracia y nuestra economía. Panamá no se ha recuperado aún de las arbitrariedades y las manipulaciones de la “Procuraduría Paralela” y de las presiones ilegítimas al Órgano Judicial, que vivimos durante la administración de Juan Calos Varela; las cuales quedaron en evidencia absoluta, con la revelación de los VARELA LEAKS.

Los responsables de los órganos del Estado y de las instituciones democráticas, deben con sus acciones, enviar mensajes claros y contundentes, en contra de quienes pretenden seguir usándolos como herramientas de persecución política y de manipulación de los posibles escenarios electorales; ya que si bien, se han dado pasos para sacar al país del camino al desastre, provocado por Juan Carlos Varela, las ambiciones prematuras de algunos nuevos actores políticos, hacen que aún perduren situaciones jurídicas que avergüenzan a nuestro sistema de justicia.

Los procesos políticos que ha enfrentado el expresidente Martinelli, al igual que otras personalidades del mundo político y empresarial, son una clara muestra de lo arriba señalado. Si queremos que el país avance y nuestra economía se levante y pueda generar los cientos de miles de empleos que requieren los panameños, debe rescatarse la seguridad jurídica, pieza fundamental del Estado de derecho; para ello, debe sanearse el sistema de todos los procesos políticos y sacar de las instituciones de justicia, a todos los funcionarios que facilitaron y ejecutaron, la persecución política y las manipulaciones de los procesos.

Lo ocurrido en el caso conocido como pinchazos, es la muestra más palpable de las manipulaciones y presiones que deben terminar. Dos juicios innecesarios, terminaron confirmando lo que ya todo Panamá sabía: ese y otros procesos fueron la creación de la Fiscalía Paralela que operaba en el Consejo de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación, bajo el mando del entonces presidente Juan Carlos Varela y la ex procuradora Kenia Isolda Porcell.

Lamentablemente, la justicia panameña, sigue dilatando de manera sospechosa, el cierre definitivo de esta página negra. Tras el cuestionado segundo juicio, la parte política Querellante, presentó un segundo Recurso de Casación que a la luz de lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 179 del Código Procesal Penal, debió ser rechazado de plano.

Artículo 179. Decisión.

Al decidir el Tribunal Superior sobre una sentencia podrá:

  1. Rechazar el recurso, en cuyo caso la resolución recurrida queda confirmada.
  2. Acoger el recurso, caso en el cual se ordenará la realización de un nuevo juicio, salvo cuando se acoja el recurso por la causal 3 del artículo 172, donde dictará la sentencia de reemplazo.

Cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno. (El subrayado y la negrita son nuestras)

El citado artículo 179, no da pie a ninguna duda, se debió rechazar inmediatamente por improcedente el recurso. Sin embargo, han pasado ya más de tres meses, sin que la surja un pronunciamiento claro, dirigido a evitar que la justicia, continué siendo utilizada para persecuciones políticas o buscando controlar escenarios electorales.

Es importante destacar, que durante el análisis de recursos de prescripción presentados por la defensa del expresidente Martinelli, autoridades judiciales se pronunciaron indicando que la prescripción se alcanzaba el pasado mes de diciembre de 2021.

Realizando Metas (RM), hace un llamado, para que llegue a su fin, la noche negra de justicia panameña, iniciada durante la administración de Juan Carlos Varela.

Hacemos también un llamado a los funcionarios del Órgano Ejecutivo y miembros de otros partidos políticos, para que cesen, igualmente, las presiones inmorales e ilegales, motivadas por ambiciones tempraneras de índole electoral. En democracia, la definición de candidaturas y el triunfo electoral; deben estar determinados por la Constitución, la ley y la voluntad del pueblo.

FRANCISCO AMEGLIO​​​

Vice Presidente

LUIS EDUARDO CAMACHO CASTRO

​​​​​Secretario General

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